Un error de precisión judicial sobre el caso de Galvarino Apablaza puso a la vocera de Gobierno en el centro de las críticas de la oposición.
En una jornada marcada por la carga simbólica del 1 de abril, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, protagonizó una nueva polémica comunicacional. El incidente ocurrió durante la conmemoración de los 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, una fecha donde la UDI suele reforzar sus llamados a la justicia y la extradición.
Al ser consultada por la situación de Galvarino Apablaza, quien reside en Argentina desde los años noventa, la secretaria de Estado emitió declaraciones que fueron rápidamente cuestionadas. Sus palabras encendieron el debate político debido a la falta de rigor técnico respecto al estatus judicial del exfrentista vinculado al crimen.
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“Yo creo que todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país”, afirmó Sedini ante la prensa. La ministra fue más allá y aseguró que trabajarían con el Gobierno argentino para que el «condenado» regrese a Chile a cumplir su pena.
El problema radica en que, legalmente, Apablaza no cuenta con una condena en nuestro país. Actualmente, el imputado mantiene la calidad de procesado como presunto autor intelectual del homicidio, una distinción jurídica fundamental que la vocera de Gobierno omitió durante su intervención oficial.
Las implicancias de un error en plena extradición
Este traspié no ocurre en cualquier momento, sino en una etapa clave del caso, marcada por las gestiones para concretar la extradición desde el país trasandino. Expertos señalan que confundir la calidad de procesado con la de condenado puede complejizar la estrategia diplomática y judicial que lidera el Estado chileno.
Las críticas desde la oposición no se hicieron esperar, apuntando a la falta de prolijidad de la ministra en temas de alta sensibilidad pública. No es la primera vez que la vocera enfrenta cuestionamientos por sus declaraciones, lo que ha generado un clima de tensión constante entre su cartera y los sectores de derecha.
Desde el mundo jurídico recordaron que, para que alguien sea llamado «condenado», debe existir una sentencia firme y ejecutoriada. En el caso de Apablaza, el proceso sigue abierto y su retorno es precisamente para que pueda ser juzgado bajo las leyes chilenas, no para que cumpla una pena ya dictada.
Finalmente, el episodio vuelve a poner bajo la lupa el rol comunicacional de La Moneda en fechas de alta polarización. El error de Sedini empañó el despliegue del Ejecutivo en una jornada donde el foco debió estar en la colaboración internacional, dejando en evidencia la fragilidad de la vocería ante temas judiciales complejos.
