Un vuelco institucional y humano marca la cobertura de la trágica muerte de la menor de dos años que perdió la vida tras caer desde el undécimo piso de un edificio residencial en la comuna de Las Condes.
Gloria Ortiz, madre de la víctima, rompió el silencio en el espacio televisivo Contigo en directo de Chilevisión, exponiendo severos cuestionamientos hacia el comportamiento y la responsabilidad afectiva del progenitor de la niña, quien actualmente enfrenta cargos ante la justicia.
La declaración de la afectada surge en un escenario judicial adverso para sus pretensiones, manifestando su total disconformidad con las medidas cautelares dictadas en primera instancia. El tribunal competente determinó para el imputado, identificado como Jorge, las cautelares de arraigo nacional y firma mensual, desestimando la prisión preventiva solicitada por los querellantes, lo que motivó el descontento de la familia materna.
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Alineación legal y las falencias en el ejercicio del rol paterno
De acuerdo con el testimonio técnico provisto por Ortiz, el vínculo del imputado con la menor se regía estrictamente por las directrices de un avenimiento judicial, careciendo de un involucramiento real en el desarrollo de la menor. La madre describió una conducta caracterizada por la distancia emocional, donde el cumplimiento de los horarios de visita pactados no se traducía en una preocupación genuina por el estado de salud de la niña, quien padecía de asma crónica.
“Una paternidad presente nunca existió”, enfatizó Ortiz durante la entrevista, señalando que el imputado se limitaba a ejecutar las obligaciones básicas establecidas por dictamen del tribunal. La denunciante recalcó que el cuidado integral de un hijo requiere de una atención constante y activa respecto a su bienestar general, un estándar que, a su juicio, el formalizado omitió sistemáticamente durante la vida de la infante.
A las negligencias en el plano afectivo se sumaron disputas de índole económica que cobraron relevancia tras el fatal desenlace, particularmente respecto a la seguridad del inmueble. La madre confirmó que el progenitor catalogaba la instalación de mallas de protección en los ventanales como un gasto extraordinario reembolsable a prorrata, manifestando además reiteradas objeciones financieras ante la compra de insumos médicos prescritos por especialistas.
Asimismo, Ortiz reveló una presunta intencionalidad por parte del imputado de mantener su paternidad al margen de su círculo social inmediato, limitando dicho conocimiento a su núcleo familiar directo. A esto se añade que, de forma previa al reconocimiento legal de la menor, el sujeto exigió la realización de exámenes de ADN, habiendo desconocido la relación y el proceso de gestación durante los nueve meses de embarazo.
La estrategia legal de la parte querellante se concentrará en revertir el dictamen actual ante los tribunales de alzada para conseguir la máxima restricción de libertad del procesado. El equipo jurídico adjunto a la madre busca que las instancias superiores evalúen los antecedentes de abandono y descuido como factores determinantes en el resultado fatal del incidente doméstico.
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El Ministerio Público formalizó originalmente la investigación bajo la tipificación de homicidio por omisión mediante dolo eventual. No obstante, el tribunal de garantía recalificó los hechos como un cuasidelito de homicidio debido a una presunta conducta negligente, manteniendo al individuo bajo detención en tránsito a la espera de la resolución definitiva por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago.
