Un vuelco de alta tensión judicial se registró durante la tarde de este lunes en el marco de la formalización del progenitor de Isidora, la lactante de dos años que perdió la vida tras precipitarse desde el undécimo piso de un edificio en Las Condes.
Pese a la gravedad de los antecedentes y a la solicitud de las partes querellantes, el tribunal de primera instancia desestimó aplicar la máxima medida cautelar en contra del imputado, generando inmediata repercusión en el ámbito público.
Según los antecedentes proporcionados tras la audiencia formal, la magistrada a cargo de la causa determinó que el acusado “no configura un peligro para la sociedad”. En su resolución, el tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para el imputado. No obstante, el sujeto permanecerá bajo la condición de «detenido en tránsito» hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago revise el recurso y resuelva de forma definitiva su situación procesal.
Cerca de 40 minutos después: Los preocupantes antecedentes tras la muerte de la menor que cayó desde un edificio en Las Condes
Durante la instancia judicial, el Ministerio Público formalizó al progenitor bajo el cargo de homicidio simple por comisión por omisión, según ratificó el abogado de la madre de la menor, Jorge Jorquera. La imputación se sostiene sobre la base del quebrantamiento del deber legal de cuidado que le correspondía al hombre durante el régimen de visitas dominical reglamentario, fijándose además un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación correspondiente.
Los antecedentes de la negligencia y la reacción de la familia materna
La resolución del tribunal se da en un contexto donde los peritajes policiales y testimoniales complican severamente la postura de la defensa del acusado. Los antecedentes ratifican que la menor se precipitó desde una ventana que carecía de mallas de seguridad, mientras el padre y su actual pareja pernoctaban en la habitación principal tras una presunta celebración previa. La desconexión de los adultos fue de tal magnitud que Carabineros tardó cerca de 40 minutos en ubicar el departamento y notificar al imputado sobre el deceso de su hija.
A este adverso panorama procesal se sumaron los preocupantes antecedentes preliminares expuestos en jornadas previas por la defensa de la madre, los cuales apuntaban a que el sujeto habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro. Asimismo, durante la jornada se ventilaron aristas colaterales de la compleja relación de co-paternidad que existía entre ambos padres, incluyendo reportes sobre disputas económicas previas asociadas precisamente a la instalación de las mallas de protección del inmueble.
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La determinación judicial contrasta de manera profunda con las declaraciones emitidas por la madre de la víctima, Gloria Ortiz, y el entorno familiar, quienes han exigido el máximo rigor de la ley. “Como familia estamos tremendamente consternados… Tienen que tomar el caso y abordarlo de la manera que es, que es un acto negligente durante el cuidado personal de mi hija”, había enfatizado la progenitora previo a la audiencia, en medio del masivo apoyo y consternación expresada por figuras públicas y la comunidad escolar de la menor.
En La Copucha Va Creciendo mantendremos una cobertura rigurosa y permanente al dictamen que emita el tribunal de alzada en las próximas horas. La revisión de la Corte de Apelaciones será clave para definir si se revocan las medidas de baja intensidad aplicadas inicialmente o si se decreta la reclusión del imputado ante un caso que mantiene conmocionada a la opinión pública por su gravedad y consecuencias humanas.
