La jueza Irene Rodríguez Chávez, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, rompió el silencio tras ser duramente criticada por la liberación de Osmar Ferrer, un joven sicario venezolano de 18 años implicado en el asesinato del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.
El crimen, ocurrido en Ñuñoa, fue atribuido a una banda presuntamente vinculada al Tren de Aragua.
El caso causó conmoción nacional luego de que se revelara que a los responsables del homicidio se les habría ofrecido una suma de 30 millones de pesos por ejecutar el crimen. Ferrer, quien fue formalizado por robo con homicidio, quedó en libertad apenas un día después, generando polémica por las fallas en su identificación.
La liberación de Ferrer dejó en evidencia una anomalía en el proceso judicial: se anuló temporalmente la prisión preventiva, encendiendo las alarmas en la Fiscalía Nacional, que ahora investiga la legalidad del procedimiento y la posible existencia de irregularidades en la emisión de la orden.
Ante los cuestionamientos, la jueza Rodríguez entregó una escueta declaración al noticiero 24 Horas, donde se negó a dar entrevistas personales y afirmó que no podía comentar en profundidad porque la investigación apenas comienza.
Sin embargo, fue clara en recalcar que ella ordenó la prisión preventiva de los tres imputados y que emitió las órdenes de ingreso correspondientes a Gendarmería esa misma tarde, tras la audiencia. Sostuvo que su actuar está debidamente registrado en la historia de la causa.
La magistrada subrayó que Gendarmería recibió efectivamente los documentos firmados por ella y que estos fueron entregados la noche del procedimiento, lo que según sus palabras demostraría que cumplió con su deber como jueza.
Finalmente, Rodríguez negó cualquier responsabilidad personal en el error que permitió la liberación de Ferrer. Enfatizó que no existió dolo ni corrupción por parte del Poder Judicial y se declaró completamente inocente en ese sentido.
