Informes policiales confirman que Hernán Meneses ideó el ataque con 120 días de antelación, buscando emular matanzas escolares de Estados Unidos.
Nuevos y escalofriantes detalles han remecido la investigación sobre el ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Las pericias de la PDI confirmaron que el agresor, Hernán Meneses (18), no actuó por un impulso momentáneo, sino que siguió una planificación meticulosa que desarrolló durante al menos cuatro meses, según documentos incautados en su domicilio.
El punto clave del hallazgo es un cuaderno personal donde el joven detalló paso a paso lo que él mismo denominaba una «masacre». En estos escritos, el imputado plasmó una lógica perturbadora: inicialmente pretendía asesinar a todos los menores de edad del colegio para «evitar que enfrentaran el abandono de la vida adulta», un pensamiento que evolucionó hacia un ataque masivo contra alumnos y profesores.
La policía civil calificó el evento como una tragedia premeditada de alto impacto, similar a los protocolos de tiradores activos en EE.UU. La violencia desplegada y la multiplicidad de víctimas no fueron azarosas; Meneses buscaba generar un daño letal antes de quitarse la vida, plan que se vio frustrado únicamente por la valiente intervención de otros estudiantes.
Armas con inscripciones y fanatismo por matanzas internacionales
Durante el allanamiento a su dormitorio, los detectives de la Brigada de Homicidios encontraron un verdadero arsenal de armas blancas. Lo más inquietante fue hallar cuchillos con inscripciones vinculadas a autores de masacres escolares estadounidenses, lo que ratifica una preocupante obsesión del joven por este tipo de crímenes internacionales de odio.
Además de los cuchillos, en el sitio se incautaron elementos de carácter táctico-militar, como una balaclava negra (pasamontañas) recortada, una muslera militar y cajas vacías de hachas. Estos objetos sugieren que el imputado se preparó visual y operativamente para proyectar una imagen de exterminador al momento de iniciar el ataque en los baños del recinto.
La investigación también arrojó luz sobre su salud mental, encontrándose cajas de antidepresivos en su habitación. Se confirmó que el agresor padecía un trastorno psiquiátrico previo, diagnóstico que ya era de conocimiento del cuerpo docente, lo que abre una nueva arista sobre la vigilancia y contención que recibía el estudiante antes de la tragedia.
En el ámbito judicial, la Fiscalía de Calama ya tiene lista la estrategia para la audiencia de este martes 31 de marzo. El Ministerio Público imputará cargos por un homicidio calificado consumado y tres en grado de frustrado, solicitando de manera intransable la medida cautelar de prisión preventiva debido al peligro que representa para la sociedad.
Mientras la comunidad escolar intenta procesar el horror, los peritos psicológicos analizan el cuaderno para determinar si existieron señales de alerta ignoradas. Por ahora, las pruebas materiales y los escritos del joven sitúan este caso como uno de los ataques planificados más violentos y complejos en la historia de la educación chilena.
